Introducción
En todo el mundo, las enfermedades no transmisibles generan una enorme carga de muerte, discapacidad, demanda asistencial y costos económicos. Entre sus cuatro grupos principales —enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas—, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa mundial de muerte: la OMS estima que ocasionaron 19,8 millones de defunciones en 2022, aproximadamente el 32 % de todas las muertes (1).
En Venezuela, las estimaciones del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2021 sitúan la mortalidad cardiovascular en 65.999 defunciones, de las cuales 40.260 correspondieron a cardiopatía isquémica (2,3). Estas pérdidas se acompañan de discapacidad, necesidades prolongadas de cuidado y consecuencias económicas para las familias y la sociedad.
Esta magnitud confiere a la cardiología una enorme responsabilidad social. Desde mi experiencia en la gestión de modelos de atención del infarto agudo de miocardio y la cardiopatía isquémica, en el marco del Programa Integral de Cardiopatía Isquémica del IAHULA, considero que esa responsabilidad comprende prevenir, coordinar y asegurar la continuidad del cuidado, además de evaluar y tratar. La apertura de consultas especializadas debe acompañarse de recursos, condiciones de seguridad y acceso efectivo al diagnóstico, tratamiento y seguimiento. De lo contrario, puede generar expectativas superiores a su capacidad de respuesta y añadir fragmentación al cuidado.
Naciones Unidas, la OMS y la OPS instan a implementar con urgencia planes nacionales, regionales y locales de prevención y control de las ENT, mediante políticas que involucren a todo el gobierno y a toda la sociedad. Esta respuesta articula prevención, atención primaria fortalecida, redes integradas, calidad y protección financiera, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (4,5,6,7). Su aplicación local requiere coordinación entre autoridades, servicios, universidades, organizaciones gremiales, sector privado y comunidades, con responsabilidades y resultados verificables.
Este artículo propone criterios para orientar las iniciativas públicas, privadas y gremiales, procurando correspondencia entre necesidades clínicas, competencias profesionales y capacidad resolutiva, así como su articulación con las políticas públicas, los planes y las estrategias nacionales y regionales de prevención y control de las ENT. La responsabilidad institucional comprende asegurar que cada paciente pueda avanzar desde la evaluación inicial hasta la atención que necesita, con continuidad, seguridad y coordinación entre niveles asistenciales.
Carga mundial de enfermedad y consecuencias económicas
El Global Burden of Disease (GBD) permite valorar conjuntamente muerte prematura y discapacidad mediante años de vida ajustados por discapacidad (AVAD; DALYs). El GBD 2023, con estimaciones para 204 países y territorios, situó la cardiopatía isquémica en 193 millones de AVAD, el accidente cerebrovascular en 157 millones y la diabetes en 90,2 millones. Estos resultados muestran que la demanda asistencial incluye supervivientes con limitaciones y necesidades sostenidas de cuidado, además de episodios agudos (8).
La carga se extiende a enfermedades que suelen coexistir. En 2023, las enfermedades respiratorias crónicas afectaron a 569,2 millones de personas y ocasionaron 4,2 millones de muertes (9). El análisis renal del GBD estimó 788 millones de adultos de 20 años o más con enfermedad renal crónica y 1,48 millones de muertes; la función renal deteriorada, considerada como factor de riesgo, contribuyó al 11,5 % de las muertes cardiovasculares (10). Son estimaciones modeladas, con incertidumbre, y no deben sumarse indiscriminadamente: las poblaciones se superponen y la mortalidad renal como causa básica difiere del riesgo cardiovascular atribuible a disfunción renal.
Esta convergencia cardiovascular, metabólica, respiratoria y renal refuerza, a mi juicio, la necesidad de atención compartida. Un mismo paciente puede requerir control de presión arterial, diabetes y función renal, tratamiento respiratorio y prevención cardiovascular. Organizar consultas aisladas sin historia clínica compartida, conciliación terapéutica ni seguimiento dificulta responder a esa complejidad.
La dimensión económica también exige precisión. El informe The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases, del Foro Económico Mundial y Harvard, proyectó pérdidas acumuladas de producción mundial de 46,7 billones de dólares estadounidenses entre 2011 y 2030, expresadas en dólares de 2010. Las enfermedades cardiovasculares representaban 15,6 billones; las respiratorias crónicas, 4,8; la diabetes, 1,7; el cáncer, 8,3; y los trastornos mentales, 16,3. Se trata de una proyección histórica de pérdida de producción, no de gasto sanitario observado ni de una estimación exclusiva de costos médicos. El estudio se presentó en el contexto de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas de 2011; su autoría corresponde al Foro y Harvard. La enfermedad renal crónica no se estimó como categoría independiente, por lo que no cabe atribuirle una fracción específica de ese total (11).
Desde Naciones Unidas, el PNUD publicó en 2026 Realizing the Return, que reúne una década de experiencia con casos nacionales de inversión en ENT, salud mental y factores de riesgo en más de 60 países. Su propósito es orientar prioridades y traducir compromisos en intervenciones financiadas y ejecutables (12). Esta perspectiva vincula salud y desarrollo: desde mi experiencia, cada iniciativa debe evaluar si facilita completar el cuidado y evita duplicaciones, demoras y gastos familiares. Los datos globales justifican esa evaluación, aunque por sí solos no cuantifican el costo adicional de una consulta o de una red local concreta.
La respuesta mundial a las enfermedades no transmisibles: compromisos para organizar la atención
La magnitud de las ENT y sus consecuencias para el desarrollo impulsaron una respuesta política mundial en la Asamblea General de Naciones Unidas. La Resolución 64/265 de 2010 convocó la reunión de alto nivel de 2011, reconociendo que el problema requería una respuesta más amplia que la actuación de los servicios sanitarios (13).
El compromiso político se acompañó del Marco Mundial de Vigilancia de la OMS, aprobado en 2013, con nueve metas mundiales voluntarias y 25 indicadores para seguir la mortalidad, los factores de riesgo y la respuesta de los sistemas sanitarios. Este marco refuerza la necesidad de planes coordinados, información comparable y evaluación periódica de resultados (14).
La Declaración Política de 2011 reconoció las ENT como uno de los principales desafíos para el desarrollo en el siglo XXI. Estableció compromisos relacionados con liderazgo gubernamental, prevención de factores de riesgo, fortalecimiento de los sistemas de salud, acceso a medicamentos y participación de diferentes sectores de la sociedad. Su orientación permite situar las iniciativas asistenciales dentro de una respuesta nacional coordinada, con responsabilidades compartidas y objetivos de salud pública (7).
El documento final de 2014 reforzó la necesidad de traducir esos compromisos en políticas, planes nacionales, metas y mecanismos de seguimiento. Posteriormente, la declaración de 2018 renovó el llamado a acelerar su cumplimiento, incorporando mayor atención a la salud mental y a factores ambientales como la contaminación del aire. La declaración de 2025 profundizó el enfoque de equidad e integración y reafirmó el compromiso de reducir la mortalidad prematura por ENT hacia 2030 (15,16,17).
La Agenda 2030 aporta dos metas inseparables para este propósito. La meta 3.4 establece reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT mediante prevención y tratamiento. La meta 3.8 promueve cobertura sanitaria universal, protección financiera y acceso a servicios esenciales de calidad y medicamentos seguros, eficaces y asequibles (4). Por tanto, la evaluación de una iniciativa debe considerar tanto su capacidad para facilitar atención como las posibilidades reales del paciente de completar y mantener el cuidado.
En el ámbito técnico, la OMS desarrolló la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las ENT, seguida de planes de acción y herramientas de implementación. El Plan de Acción Mundial 2013–2020 articula liderazgo, acción multisectorial, reducción de factores de riesgo, fortalecimiento de sistemas sanitarios, investigación y vigilancia (18,19). En 2019, la Asamblea Mundial de la Salud extendió su vigencia hasta 2030 mediante la Decisión WHA72(11) (20). La hoja de ruta 2023–2030 orienta su aplicación según las prioridades y capacidades de los países (21).
Para las Américas, el Plan de Acción de la OPS 2025–2030 vincula políticas de prevención, vigilancia y fortalecimiento del manejo integrado de las ENT en atención primaria, reconociendo también la necesidad de atención en niveles superiores de complejidad (6). Esta orientación exige una base asistencial capaz de prevenir, detectar, tratar y dar seguimiento, respaldada por servicios especializados y hospitalarios accesibles.
Desde esta perspectiva, considero que las iniciativas públicas, privadas y gremiales deben explicar cómo se integran en esa respuesta y qué necesidades pueden resolver. Abrir un servicio supone definir población destinataria, competencias, recursos, continuidad y mecanismos de referencia. La participación social y profesional adquiere mayor alcance cuando fortalece las capacidades existentes, evita duplicaciones y contribuye a resultados verificables.
El compromiso internacional proporciona así una orientación para la acción local: cada iniciativa debe relacionar su oferta con las necesidades epidemiológicas, las políticas públicas y las redes asistenciales. Su contribución debe valorarse por la atención efectiva que permite completar y por su capacidad para reducir complicaciones, discapacidad y barreras económicas.
El paradigma de atención integral: continuidad, coordinación y capacidad resolutiva
La atención de las enfermedades no transmisibles requiere una organización capaz de acompañar a las personas durante el curso de su enfermedad. Sus necesidades cambian con el tiempo: prevención, confirmación diagnóstica, tratamiento, vigilancia de complicaciones, rehabilitación y cuidados paliativos cuando correspondan. La coexistencia de varias enfermedades hace necesario integrar decisiones y evitar que cada especialidad actúe con información incompleta o con objetivos terapéuticos desconectados.
La OPS desarrolla esta orientación en el documento Cuidados innovadores para las condiciones crónicas, que propone transformar la atención episódica y reactiva en un cuidado planificado, proactivo y centrado en la persona. El Modelo de Cuidados Crónicos articula seis componentes: organización sanitaria, recursos comunitarios, apoyo al autocuidado, diseño de la prestación, apoyo a las decisiones clínicas y sistemas de información. Su implementación conjunta permite que las intervenciones se refuercen entre sí (22).
Desde mi experiencia en la atención de la cardiopatía isquémica, considero que esta organización tiene una expresión concreta: cada decisión debe acompañarse de una posibilidad efectiva de ejecución y seguimiento. Indicar un estudio exige considerar dónde y cuándo podrá realizarse; prescribir un medicamento requiere valorar acceso, seguridad y continuidad; referir a otro nivel supone transmitir información y establecer quién mantendrá la responsabilidad del cuidado.
Atención primaria como centro de coordinación
La atención primaria constituye la base organizadora de este modelo. Su capacidad debe comprender promoción de la salud, prevención, detección oportuna, diagnóstico y tratamiento de condiciones frecuentes, seguimiento y reconocimiento de situaciones que requieren atención especializada. Para cumplir estas funciones necesita personal competente, medicamentos, equipos, información clínica y mecanismos de referencia efectivos (5,22).
El tamizaje debe responder a indicaciones basadas en evidencia y vincularse con confirmación diagnóstica y tratamiento. Identificar una alteración sin disponer de una ruta para resolverla puede dejar al paciente con incertidumbre y nuevas barreras de acceso. Del mismo modo, el triaje debe permitir distinguir necesidades programables de situaciones urgentes y dirigir cada caso hacia el recurso apropiado.
La distribución de funciones requiere reconocer las competencias propias de medicina general, medicina familiar, enfermería y otras disciplinas. Los especialistas pueden contribuir mediante interconsulta, atención compartida, capacitación y manejo de pacientes seleccionados. Esta colaboración fortalece la capacidad del primer nivel cuando existen responsabilidades definidas y comunicación entre equipos (22).
Especialización y complejidad asistencial
La especialidad del profesional, la complejidad del paciente y la capacidad del establecimiento son dimensiones relacionadas que deben evaluarse por separado. Un cardiólogo aporta conocimientos especializados; el centro donde trabaja debe ofrecer condiciones compatibles con las actividades que realiza y con el riesgo previsible de los pacientes que recibe.
Una consulta cardiológica ambulatoria puede resolver necesidades de evaluación y seguimiento sin disponer físicamente de todas las modalidades diagnósticas. Sin embargo, debe contar con recursos acordes con su cartera de servicios y acceso efectivo y oportuno a diagnóstico especializado y subespecializado, tratamiento y atención hospitalaria cuando estén indicados. La capacidad resolutiva comprende reconocer límites y coordinar una derivación segura.
El acceso diagnóstico incluye modalidades de imagen cardiovascular realizadas e interpretadas por personal competente, con equipos, protocolos y control de calidad acordes con los estándares tecnológicos actuales y las guías de práctica clínica. Según la pregunta clínica pueden requerirse ecocardiografía, angiografía coronaria por tomografía, resonancia magnética cardíaca o imagen funcional de isquemia. En sospecha de síndrome coronario crónico, las guías ESC 2024 orientan la selección de pruebas por probabilidad clínica, características del paciente, experiencia y disponibilidad. La pertinencia de cada estudio debe establecerse individualmente; la red debe hacer posible su realización y la continuidad de las decisiones que se deriven de sus resultados (23).
Por ello, la organización por niveles de complejidad debe considerar necesidades clínicas, tecnología, competencias, tiempos de respuesta y respaldo asistencial. Las Redes Integradas de Servicios de Salud permiten vincular estos recursos y sostener la continuidad entre atención primaria, especialidades, hospitales y rehabilitación (5).
Acercar servicios especializados exige organización
La OPS reconoce que ofrecer atención especializada en la comunidad puede mejorar acceso y flexibilidad. También advierte que trasladar servicios fuera del hospital requiere inversión, capacitación, participación de los actores, objetivos realistas y atención ajustada al nivel de necesidad. Recomienda evitar servicios paralelos y no asumir que el traslado reducirá automáticamente los costos (22).
Este planteamiento resulta especialmente pertinente para las iniciativas de fundaciones, instituciones privadas y organizaciones gremiales. La apertura de un espacio debe acompañarse de una definición explícita de pacientes elegibles, prestaciones, recursos, respuesta ante descompensaciones y acuerdos de referencia. La información ofrecida a la comunidad debe corresponder con esa capacidad.
Calidad a lo largo del proceso asistencial
La OMS establece que los servicios de calidad deben ser efectivos, seguros, centrados en las personas, oportunos, equitativos, integrados y eficientes (24). Aplicados a las ENT, estos atributos exigen evaluar lo que ocurre después de la consulta: acceso a estudios, inicio y mantenimiento del tratamiento, control clínico y resolución de necesidades pendientes.
Considero que este es el criterio que debe orientar el crecimiento de la oferta asistencial. La especialización contribuye al cuidado integral cuando sus decisiones se conectan con recursos, seguimiento y responsabilidades clínicas identificables. Su valor social aumenta cuando fortalece una red capaz de acompañar al paciente y reducir las consecuencias de la enfermedad.
Fragmentación de la atención: consecuencias clínicas, económicas y éticas
La fragmentación aparece cuando los servicios funcionan sin mecanismos suficientes para compartir información, coordinar decisiones y mantener continuidad. Puede existir incluso dentro de una misma institución: reunir varias especialidades en una sede no garantiza atención interdisciplinaria. La integración requiere objetivos compartidos, responsabilidades definidas y comunicación efectiva entre profesionales y establecimientos (5,22).
En las enfermedades no transmisibles, esta desconexión adquiere especial relevancia. Un paciente puede recibir evaluaciones de cardiología, endocrinología y nefrología sin que exista una revisión conjunta de sus medicamentos, función renal, riesgo cardiovascular y posibilidades económicas. Cada intervención puede resultar apropiada de manera individual, mientras el conjunto del cuidado permanece incompleto o difícil de cumplir.
Desde mi experiencia en el Programa Integral de Cardiopatía Isquémica del IAHULA, considero que la calidad de una evaluación también depende de lo que permite resolver posteriormente. Una indicación pierde efectividad cuando el paciente no consigue realizar el estudio, obtener el tratamiento o regresar a control. Identificar estas barreras y organizar respuestas forma parte de la responsabilidad asistencial.
Cuando la oferta supera la capacidad de respuesta
Como situación ilustrativa, una fundación puede habilitar un espacio anexo a una sede gremial y anunciar consultas especializadas a precios accesibles. Su contribución debe examinarse mediante condiciones verificables: población atendida, recursos, seguridad, acceso a estudios, seguimiento y coordinación con otros servicios. La ubicación del consultorio, por sí sola, no permite establecer su calidad.
La dificultad surge cuando la información ofrecida genera expectativas de resolución que exceden la capacidad disponible. Una persona puede interpretar que tendrá acceso a un proceso diagnóstico y terapéutico completo, aunque la prestación comprenda únicamente una evaluación inicial. Por ello, resulta necesario informar qué incluye la consulta, qué recursos complementarios podrían requerirse y cómo se facilitará su acceso.
En cardiología, estas previsiones deben considerar la posibilidad de encontrar pacientes con síntomas inestables, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias o múltiples enfermedades asociadas. El servicio necesita reconocer oportunamente esas situaciones y activar una respuesta acorde con su capacidad. Las pruebas y procedimientos ofrecidos deben contar con recursos, personal y respaldo apropiados para sus riesgos.
Consecuencias para pacientes y familias
La OPS identifica entre las consecuencias de la fragmentación las dificultades de acceso, la baja calidad técnica y el uso ineficiente de recursos (5). En la práctica, pueden expresarse mediante:
- Repetición de consultas y estudios por ausencia de información compartida.
- Indicaciones terapéuticas que requieren conciliación.
- Referencias sin destino, oportunidad o seguimiento definidos.
- Demoras en completar diagnósticos y tratamientos.
- Pérdida de continuidad después de una hospitalización.
- Traslado de la coordinación del cuidado al paciente y sus familiares.
Estos problemas pueden aumentar gastos de transporte, estudios y atención, además del tiempo que pacientes y cuidadores deben dedicar a resolver necesidades pendientes. Una tarifa inicial reducida no permite conocer el costo total del proceso asistencial. La accesibilidad económica debe valorarse también por la posibilidad de completar y sostener el cuidado, en consonancia con la protección financiera prevista en la cobertura sanitaria universal (4).
La integración debe planificarse y evaluarse; tampoco corresponde asumir que cualquier reorganización producirá ahorro. La OPS advierte expresamente que acercar servicios especializados a la comunidad no garantiza por sí mismo una reducción de costos (22).
Responsabilidad ética de las instituciones y organizaciones gremiales
La finalidad solidaria de una iniciativa debe acompañarse de condiciones que permitan proporcionar atención efectiva y segura. Esto exige reconocer límites, comunicar el alcance de las prestaciones y establecer mecanismos para las necesidades que exceden la capacidad del establecimiento (24,25).
Cuando una organización gremial respalda un servicio, su participación puede fortalecer la confianza de la población. Considero que esa confianza implica una responsabilidad adicional de verificar competencias, condiciones de funcionamiento, continuidad y articulación asistencial. El respaldo institucional debe apoyarse en criterios documentados y evaluación periódica.
La transparencia también comprende los costos previsibles, los acuerdos de referencia y los posibles conflictos de interés. El paciente necesita información comprensible para decidir, especialmente cuando enfrenta restricciones económicas y puede interpretar una oferta especializada como garantía de resolución integral.
Integrar cada iniciativa en una respuesta colectiva
Las iniciativas públicas, privadas y gremiales pueden ampliar el acceso cuando identifican necesidades concretas y acuerdan cómo atenderlas dentro de una red. Su planificación debería establecer qué resolverán directamente, qué requerirá derivación, quién coordinará el seguimiento y cómo se medirán los resultados (5,25,26).
Desde esta perspectiva, la responsabilidad institucional continúa después de la evaluación inicial. Se expresa en facilitar que las decisiones clínicas se traduzcan en atención efectiva, con coordinación entre profesionales y niveles asistenciales. Este compromiso permite orientar los esfuerzos locales hacia las políticas, planes y estrategias de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (5,6,22,24).
Criterios para orientar las iniciativas y responsabilidad compartida
Las iniciativas públicas, privadas y gremiales deben partir de las necesidades epidemiológicas de la población y articularse con las políticas, planes y estrategias de prevención y control de las ENT (6,26). Para ello, propongo cinco criterios:
- Capacidad resolutiva definida: correspondencia entre pacientes atendidos, competencias profesionales, recursos y prestaciones ofrecidas.
- Seguridad: identificación de situaciones urgentes y respuesta organizada según los riesgos y procedimientos del servicio.
- Continuidad: responsable clínico, historia accesible, seguimiento y revisión de necesidades pendientes.
- Integración: acceso efectivo a diagnóstico especializado y subespecializado, incluidas modalidades de imagen según indicación y guías de práctica clínica, tratamiento y referencia, contrarreferencia y comunicación entre niveles.
- Transparencia y evaluación: información sobre alcance, límites y costos, acompañada de indicadores de calidad y resultados.
Estos criterios sintetizan el enfoque de atención integrada y calidad promovido por OMS y OPS (5,22,24).
Conclusión
La magnitud de las enfermedades no transmisibles exige que cada nueva iniciativa contribuya a una respuesta coordinada. Desde mi experiencia en el Programa Integral de Cardiopatía Isquémica del IAHULA, considero que la responsabilidad social de la cardiología comprende asegurar que sus decisiones puedan convertirse en atención efectiva.
Ampliar el acceso adquiere verdadero alcance cuando permite completar el diagnóstico, sostener el tratamiento y mantener el seguimiento. El compromiso público, privado y gremial debe expresarse en servicios seguros, capacidad resolutiva verificable y articulación con las estrategias sanitarias nacionales y regionales, en consonancia con los objetivos mundiales de salud y desarrollo.
Referencias
- Organización Mundial de la Salud. Cardiovascular diseases (CVDs) [Internet]. Ginebra: OMS; 2025. Disponible en línea
- Núñez Medina TJ. Hipertensión Arterial en Venezuela. La carrera hacia los objetivos 25 × 25 [Internet]. Instituto EduCardio; 2025 ago 14. Disponible en línea
- Núñez Medina TJ. Enfermedades no transmisibles en Venezuela: amenaza para la seguridad y estabilidad nacional [Internet]. Instituto EduCardio; 2024 ago 2. Disponible en línea
- Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1. Nueva York: Naciones Unidas; 2015. Disponible en línea
- Organización Panamericana de la Salud. Redes integradas de servicios de salud [Internet]. Washington, D. C.: OPS. Disponible en línea
- Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2025–2030. Documento CD62/8. Washington, D. C.: OPS; 2025. Disponible en línea
- Naciones Unidas. Asamblea General. Declaración política de la Reunión de Alto Nivel sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles. Resolución A/RES/66/2. Nueva York: Naciones Unidas; 2011. Disponible en línea
- GBD 2023 Disease and Injury and Risk Factor Collaborators. Burden of 375 diseases and injuries, risk-attributable burden of 88 risk factors, and healthy life expectancy in 204 countries and territories, including 660 subnational locations, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. Lancet. 2025;406:1873–1922. doi:10.1016/S0140-6736(25)01637-X. Disponible en línea
- Global, regional, and national burden of chronic respiratory diseases and impact of the COVID-19 pandemic, 1990–2023: a Global Burden of Disease study. Nature Medicine. 2026. doi:10.1038/s41591-025-04077-9. Disponible en línea
- GBD 2023 Chronic Kidney Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease in adults, 1990–2023, and its attributable risk factors: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. Lancet. 2025;406:2461–2482. doi:10.1016/S0140-6736(25)01853-7. Disponible en línea
- Bloom DE, Cafiero ET, Jané-Llopis E, et al. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Economic Forum; 2011. Informe elaborado con Harvard School of Public Health. Disponible en línea
- United Nations Development Programme. Realizing the Return: Insights from a Decade of Investment Cases on Noncommunicable Diseases and Mental Health. New York: UNDP; 2026 Feb 4. Disponible en línea
- Naciones Unidas. Asamblea General. Prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Resolución A/RES/64/265. Nueva York: Naciones Unidas; 2010. Disponible en línea
- World Health Organization. NCD Global Monitoring Framework. Geneva: WHO. Marco aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013. Disponible en línea
- Naciones Unidas. Asamblea General. Documento final de la reunión de alto nivel sobre el examen y la evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Resolución A/RES/68/300. Nueva York: Naciones Unidas; 2014. Disponible en línea
- Naciones Unidas. Asamblea General. Declaración política de la tercera reunión de alto nivel sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Resolución A/RES/73/2. Nueva York: Naciones Unidas; 2018. Disponible en línea
- Naciones Unidas. Asamblea General. Declaración política de la cuarta reunión de alto nivel sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar. Resolución A/RES/80/117. Nueva York: Naciones Unidas; 2025. Disponible en línea
- Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles: informe de la Directora General. Documento A53/14. Ginebra: OMS; 2000. Disponible en línea
- World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020. Geneva: WHO; 2013. Disponible en línea
- Organización Mundial de la Salud. Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Decisión WHA72(11). Ginebra: OMS; 2019. Disponible en línea
- Organización Mundial de la Salud. Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Documento A75/10 Add.8, anexo 1: proyecto de hoja de ruta de aplicación 2023–2030. Ginebra: OMS; 2022. Aprobado mediante Decisión WHA75(11). Disponible en línea
- Organización Panamericana de la Salud. Cuidados innovadores para las condiciones crónicas: organización y prestación de atención de alta calidad a las enfermedades crónicas no transmisibles en las Américas. Washington, D. C.: OPS; 2013. Disponible en línea
- Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2024;45:3415–3537. doi:10.1093/eurheartj/ehae177. Disponible en línea
- World Health Organization. Quality health services [Internet]. Geneva: WHO. Disponible en línea
- Núñez Medina TJ. Centro Clínico como Plataforma de Impacto: Un Modelo Ético y Rentable para la Nueva Venezuela [Internet]. Instituto EduCardio; 2025 nov 25. Disponible en línea
- Núñez Medina TJ. Hipertensión: desafío para el Gobierno de Mérida [Internet]. Instituto EduCardio; 2025 ago 19. Disponible en línea
