Introducción
La relación entre política, políticos, salud y medicina no es circunstancial ni periférica: es constitutiva. La evidencia histórica y analítica demuestra que los principales determinantes de la enfermedad, la mortalidad evitable y la organización de los sistemas de salud no se originan en la clínica, sino en decisiones políticas que estructuran la economía, la distribución del poder y el acceso a los recursos sanitarios (1–3). En este sentido, la salud debe entenderse como un resultado político agregado, antes que como un mero producto del progreso científico o tecnológico (4).
La salud pública crítica ha mostrado que las desigualdades sociales, la pobreza inducida y la fragilidad institucional generan más enfermedad y muerte que muchos agentes biológicos, especialmente en países periféricos sometidos a relaciones de dependencia económica y geopolítica (5,6). Estas dinámicas se intensifican cuando los sistemas políticos priorizan la estabilidad del poder, la lealtad ideológica o la supervivencia del régimen por encima de la dignidad humana y el bienestar colectivo (7).
Desde la bioética, esta realidad plantea un desafío central: no es posible exigir beneficencia, justicia y respeto por la autonomía en contextos estructuralmente injustos sin abordar las condiciones políticas que producen daño sanitario de forma sistemática (8,9). La bioética deja así de ser exclusivamente clínica para convertirse en bioética social, íntimamente ligada a los derechos humanos y a la responsabilidad del Estado en la protección de la vida (10).
El caso venezolano constituye un ejemplo paradigmático de esta relación estructural entre poder y salud. La evolución histórica de su sistema sanitario refleja cómo cada ciclo político —autoritarismo, desarrollismo petrolero, proyecto bolivariano y crisis de agotamiento— ha moldeado la planificación, el financiamiento y la capacidad resolutiva del sistema de salud, en estrecha interacción con los imperialismos dominantes de cada época (11,12). Comprender esta trayectoria resulta indispensable para analizar los escenarios de transición política contemporáneos y su impacto sobre la salud pública.
Política y salud: una relación estructural
La historia de la salud pública demuestra que las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte evitable no se originan en la biología, sino en la organización política, económica y social de las sociedades (1,2). La política define qué se financia, a quién se protege y qué riesgos se consideran aceptables, configurando así los determinantes estructurales de la salud poblacional (3).
Gobernar implica administrar salud, enfermedad y muerte, aun cuando estas decisiones no se formulen explícitamente como políticas sanitarias (4). La asignación presupuestaria, la regulación del acceso a medicamentos y tecnologías, la prioridad de la prevención y la fortaleza institucional son expresiones directas del proyecto político dominante (5).
La salud pública crítica, desarrollada de manera sistemática por Vicente Navarro, ha evidenciado que las desigualdades en salud responden a relaciones de poder internas e internacionales, donde los modelos económicos y las dinámicas geopolíticas reproducen dependencia, exclusión y vulnerabilidad sanitaria (6–8). De este modo, se desmantela el mito de la neutralidad técnica: toda política sanitaria expresa una opción moral y política (9).
Políticos, poder y biopolítica del sufrimiento
Los políticos, por acción u omisión, determinan qué vidas se protegen, cuáles se exponen y cuáles se vuelven prescindibles dentro del orden social (10). La política sanitaria no es un ámbito técnico aislado, sino una expresión concreta del ejercicio del poder.
El concepto de biopolítica, desarrollado por Michel Foucault, permite comprender cómo los Estados gobiernan poblaciones administrando cuerpos, riesgos y expectativas de vida (11). En contextos de fragilidad institucional, esta biopolítica se traduce en racionamiento, exclusión asistencial y normalización de la muerte evitable, especialmente por enfermedades crónicas no transmisibles (12).
El resultado es una forma de violencia estructural en salud, donde la omisión gubernamental produce tanto daño como la acción deliberada, generando exceso de mortalidad evitable que no puede atribuirse a fallas clínicas individuales, sino a decisiones políticas acumuladas (13).
La medicina entre la ética profesional y la estructura política
La medicina opera en el punto final de una cadena de decisiones políticas y administrativas. Al profesional se le exige beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, pero se le proveen sistemas frágiles o desfinanciados (14). De esta tensión surge una paradoja moral.
La bioética social reconoce que la ética clínica depende del contexto político e institucional. Como señalaron Pellegrino y Thomasma, la virtud médica requiere condiciones mínimas de justicia para desplegarse auténticamente (15).
En escenarios de colapso, la práctica médica se ve forzada a racionar o improvisar, generando desgaste ético y migración del talento humano (16). Autonomía sin acceso, justicia sin política pública y beneficencia sin recursos se convierten en ficciones normativas (17).
Imperialismo, dependencia y sistemas sanitarios periféricos
La relación entre imperialismo y salud explica por qué las desigualdades globales no responden al atraso técnico, sino a relaciones estructurales de dependencia económica y tecnológica (6,18). El imperialismo contemporáneo se expresa mediante condicionalidades financieras, dependencia farmacéutica y agendas externas que limitan la soberanía sanitaria.
No obstante, la bioética exige claridad: la responsabilidad primaria sobre la salud recae en el Estado. Las presiones externas no eximen la desinversión deliberada ni la instrumentalización política de la salud (10,19).
Historia política venezolana y sistema de salud
El sistema de salud venezolano ha sido reflejo directo de los ciclos de poder. Desde el autoritarismo temprano hasta el desarrollismo petrolero y el proyecto bolivariano, la salud fue utilizada como instrumento de control, legitimación o abandono (11,12).
El agotamiento estructural se manifestó en desfinanciamiento crónico, fragmentación institucional y migración del talento humano, confirmando que la salud es un resultado histórico del poder más que del progreso médico (16,20).
Regímenes largos, transiciones políticas y salud pública
Los regímenes largos rara vez colapsan por convicción moral; se repliegan por agotamiento estructural (13). Desde la bioética, las transiciones deben evaluarse por su capacidad de reducir el sufrimiento evitable, aun sin justicia plena (8).
La salud pública es el indicador más sensible del cambio histórico: antes que reformas jurídicas, se observan variaciones en acceso, cobertura y protección de los vulnerables (5,7).
El giro de la historia y el nuevo orden geopolítico
El escenario global contemporáneo se caracteriza por transiciones condicionadas, estabilidad y gestión de riesgos. El Anuario de análisis internacional 2026 del CIDOB identifica este momento como un punto de inflexión histórico, donde las rupturas épicas ceden paso a deslizamientos estructurales del poder (18,20).
Venezuela se inscribe en este giro global. La reconstrucción del sistema de salud dependerá de la capacidad del poder político para leer este desplazamiento histórico sin profundizar el daño sanitario.
Conclusión
La relación entre política, políticos, salud y medicina es una relación estructural que atraviesa la historia del poder. El caso venezolano confirma que el deterioro sanitario no es accidental, sino síntoma de agotamiento político. Desde la bioética, el criterio central no es la pureza ideológica, sino la reducción del sufrimiento evitable y la protección de la dignidad humana (8,10).
La pregunta decisiva no es quién gobierna, sino quién entiende, a tiempo, que la historia ya empezó a girar y asume la responsabilidad ética y política de evitar más enfermedad, exclusión y muerte evitable.
Allí donde la política fracasa, la medicina solo puede paliar; allí donde la política comprende su responsabilidad histórica, la salud pública puede volver a florecer como expresión concreta del respeto por la vida y la dignidad humana (20).
Referencias
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