Tulio José Núñez Medina
Cardiólogo Intervencionista

En el devenir de los últimos 30 años, a pesar de los avances científicos y tecnológicos en prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares (ECV), la población venezolana se ha enfrentado a una epidemia de cardiopatía isquémica (CI) de grandes proporciones; sin adecuada vigilancia epidemiológica y sin la protección de políticas públicas de control efectivas (2,3).

Así, en los albores de la tercera década del siglo XXI; la sinergia entre el  incremento sostenido de las ECV y los efectos prolongados de  la pandemia de COVID-19,  se erige como un importante elemento de la policrisis venezolana; una coyuntura nacional que  socava el progreso hacia la consecución de los objetivos —internacionalmente acordados— para el Desarrollo Sostenible (4).

Este panorama de «crisis nacional por ECV, sus factores de riesgo y sus cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas (cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y renales crónicas)», es esbozado por las más recientes estimaciones sobre la Carga Mundial de Enfermedad 2021, publicadas por el Instituto de Evaluación y Métrica en Salud, de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés)(5,6) (Figuras 1, 2 y tabla 1).

Actualmente, estas proyecciones del IHME, elaboradas a través de modelos estadísticos, tienen el objetivo de ayudar a los países en la priorización, planificación, implementación y evaluación de políticas en salud pública (7,8).

Múltiples fuentes de información, apoyan la necesidad imperiosa de atender la “crisis venezolana de enfermedades cardiovascular (ECV) y  Enfermedades no transmisible (ENT) relacionadas”, como una de las principales amenazas para la seguridad sanitaria, económica y social, así como para la paz y la soberanía nacional (3,9-11).

Para la atención urgente de la amenaza a la seguridad nacional por el avance de las ECV y sus ENT relacionadas, se requiere la formulación, aplicación y evaluación de Políticas de Estado basadas en evidencias, que involucren a «todo el gobierno y a toda la sociedad»(9,10,12-14).

En efecto, de acuerdo a la metodología estadística del IHME, en el año 2021, después de la mortalidad atribuible a la COVID19, la cardiopatía isquémica (CI) fue la segunda causa específica de mortalidad en Venezuela, ya que ocasionó 40.260 defunciones(5,6,15).

Esta cifra supone el 14.52 % de la carga de mortalidad total y el 61 % de la mortalidad cardiovascular(5,6,16). Además, estimaciones indican que en Venezuela; una creciente proporción de la mortalidad por CI ocurre en edad prematura y sin asistencia médica adecuada(2,3,17,18).

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud señala que nuestro país es una de las naciones más rezagadas de las Américas en el cumplimiento de las metas mundiales de reducción de la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular(19) .

Por otra parte, recientemente se  ha publicado el informe de la  Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre monitoreo de los avances de la Estrategia y Plan de Acción Mundiales para el control de la pandemia de ECV y sus cuatro ENT-relacionadas (cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y renales crónicas)(20).

De acuerdo con el informe citado de la OMS, Venezuela no ha cumplido con la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, estrategias y plan de acción nacional integrado, contra las ECV y sus ENT relacionadas dichas entidades nosológicas.

No obstante, se ha estimado que hasta un 80% de la carga de morbilidad prematura por ECV es prevenible, a través de la implementación de medidas costo-efectivas(13,14,21).

En consecuencia, es urgente la aplicación de la Estrategia y Plan de Acción Mundial de la OMS/OPS (14,22) para acelerar la implementación  de medidas costo-efectivas, basadas las mejores pruebas científicas disponibles, que permitan reducir y revertir el avance de la epidemia de enfermedad cardiovascular en Venezuela(5).